El Gobierno ha dedicado un apartado a la vivienda en el Plan Fiscal y Estructural 2025-2028 que ha mandado a la Comisión Europea. El documento, remitido hace unos días a Bruselas, resume las medidas previstas durante los próximos cuatro años para dar cumplimiento del nuevo marco de gobernanza económica y fiscal de la Unión Europea, y garantizar el equilibrio entre los ingresos y los gastos públicos. Y varias de ellas están enfocadas a aumentar la oferta de viviendas asequibles en el mercado.

Algunos de los compromisos del Ejecutivo ya están en marcha, mientras que otros serán una realidad en los próximos meses. La gran novedad es la confirmación oficial de que el ICO activará una nueva línea financiera destinada a invertir en fondos especializados en promover y explotar inmuebles asequibles bajo un modelo de colaboración público-privada, una iniciativa que adelantó idealista/news. Además, el ‘capítulo inmobiliario’ del Plan Fiscal y Estructural incluye el impulso de las líneas de préstamos y avales que ya ofrece el instituto a los promotores para desarrollar más oferta, la cesión de suelos públicos y el compromiso de lanzar un registro de los alquileres de corta duración para evitar fraudes y frenar la fuga de pisos de arrendamiento desde el mercado tradicional a modelos como el turístico, de temporada o de habitaciones.

La nueva línea que prepara el ICO

Según detalla el documento, “el ICO fomentará el crédito promotor para contribuir a aumentar el parque de vivienda asequible”. Y es que el Plan de Recuperación, que recopila el uso y destino de los fondos europeos Next Generation para dinamizar y modernizar la economía, incluye el desarrollo de diferentes programas que supondrán, como prevé el Gobierno, “un aumento del parque de viviendas, impulsando el stock de capital inmobiliario”.

Dos de ellos ya están en marcha: el programa para aumentar el parque público de viviendas en alquiler social y las líneas de préstamos y avales del ICO destinados a promotores públicos y privados que se comprometan a desarrollar viviendas de alquiler social o a precio asequible en edificios energéticamente eficientes.

Entre ambas líneas suman 6.000 millones de euros (4.000 millones de euros en préstamos y 2.000 millones en avales) y están teniendo una buena acogida por parte del sector promotor. En estos primeros meses, el ICO ya ha recibido más de medio centenar de iniciativas, que suman un volumen de financiación de unos 1.400 millones de euros y unas 17.000 viviendas asequibles, lo que representa prácticamente una tercera parte del total que contempla la línea, que se encuentran en fase de estudio para analizar la viabilidad de las operaciones.

La novedad en este aspecto que recoge el Plan Fiscal es cómo debe avanzar ese programa de préstamos. Así, menciona que “el ICO y los intermediarios seleccionados deberán haber celebrado acuerdos jurídicos de financiación con los beneficiarios finales por el importe necesario para utilizar al menos el 40% de la inversión en el segundo trimestre de 2025” y el 100% en verano de 2026. Y será en esa fecha cuando se transferirán los 4.000 millones de euros prometidos.

El ICO también es el protagonista de la medida estrella que recoge el plan fiscal: la creación de un fondo financiero con “participación pública-privada, que permitirá impulsar la promoción y explotación de viviendas asequibles”.

Tal y como adelantó idealista/news, el plan pasa por sacar adelante un instrumento financiero que no estará vinculado a la deuda vía préstamos, sino a la rama del capital, y que se basará en la inversión en gestoras y fondos especializados en vivienda asequible por parte del ICO.

La previsión que maneja el organismo es lanzar en los próximos meses la licitación pública y abierta con las bases y condiciones necesarias para que se puedan materializar estas inversiones. Uno de los requisitos será que el ICO tenga una participación minoritaria en el fondo de inversión; es decir, el organismo ni podrá ser ni el único inversor ni tampoco el de referencia. Después de que se publiquen las bases, las gestoras y los fondos interesados podrán presentar su solicitud para adherirse a este programa.

El ICO todavía está trabajando en los detalles de este nuevo instrumento financiero, como por ejemplo su importe, que todavía se desconoce. Lo único que adelanta el Plan Fiscal es que el Consejo del organismo lo aprobará en 2025.

Cesión de suelos

Otra de las medidas que recoge el documento es la cesión de suelos públicos para aumentar el parque de vivienda asequible. En este caso destaca la cesión de suelos de Sareb a inversores privados, mediante un derecho de superficie a largo plazo, para que promuevan pisos destinados a las rentas medias.

Esta propuesta de la sociedad que gestiona los activos de las entidades financieras rescatadas, conocida como ‘Proyecto Viena’ y que se enmarca dentro del Plan de Vivienda en Alquiler Asequible (PVAA) aprobado por el Gobierno, contempla la puesta en el mercado de unas 10.600 viviendas en los próximos años, repartidas en un total de 133 terrenos y cuyas rentas estarán en torno a un 20% por debajo de mercado.

Solo en la primera fase del proyecto, cuya licitación para empezar a recabar las ofertas de inversores interesados ya ha arrancado, se estima una inversión de más de 460 millones de euros para levantar unas 3.770 viviendas en 50 suelos de 12 comunidades autónomas.

Como detalla la compañía de titularidad pública, se trata de “siete lotes de suelos cuya distribución geográfica responde a las regiones en las que Sareb cuenta con una mayor cartera de activos: Cataluña (12 suelos, 668 viviendas), Baleares (2 suelos, 58 viviendas), Andalucía (7 suelos, 589 viviendas), Murcia (3 suelos, 181 viviendas), Valencia (10 suelos, 1.065 viviendas), Aragón (1 suelo, 39 viviendas), Castilla y León (2 suelos, 131 viviendas), Castilla-La Mancha (1 suelo, 124 viviendas), Madrid (3 suelos, 177 viviendas), Galicia (4 suelos, 301 viviendas), Asturias (1 suelo, 101 viviendas) y Canarias (4 suelos, 337 viviendas)”.

Otra promesa residencial del Ejecutivo para con la Comisión Europea es la de priorizar “la producción de vivienda asequible a gran escala incluyendo el desarrollo y/o construcción de los suelos propiedad de la Entidad Pública Empresarial de Suelo (SEPES), la colaboración con otras administraciones públicas y la colaboración público-privada”.

En este sentido, se prevé la cesión de suelo por parte de SEPES para levantar 17.500 pisos de alquiler asequible, agrupadas en un total de 29 actuaciones. La más destacada es la famosa Operación Campamento de Madrid, que incluye 10.700 unidades.

Registro de alquileres de corta duración

Por último, el Plan Fiscal y Estructural recoge también la puesta en marcha del nuevo registro de alquileres de corta duración, con el objetivo de mejorar la información disponible acerca de modalidades como el arrendamiento turístico, temporal o de habitaciones, que en los últimos meses han ganado peso en el mercado en muchos casos como ‘vía de escape’ a las limitaciones de la Ley de Vivienda sobre el arrendamiento tradicional a largo plazo.

Como señala el documento, “de cara a obtener información precisa sobre los flujos de viviendas residenciales habituales hacia el alquiler fraudulento de corta duración se elaborará un Real Decreto de desarrollo del Reglamento (UE) 2024/1028 del Parlamento europeo y del Consejo, de 11 de abril de 2024, sobre recogida e intercambio de datos relativos a los servicios de alquiler de alojamiento de corta duración”. Esta medida también está ya en marcha.

La semana pasada, la ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, presentó las líneas maestras de la normativa que desarrolla la Ventanilla Única Digital de Arrendamientos para que las viviendas que quieran arrendarse en alguna de estas opciones obtengan un número de registro para poder comercializarse en las plataformas de gestión.

El Gobierno ya ha lanzado a audiencia pública el Real Decreto por el que se crea el registro y se regula la recogida y el intercambio de datos relativos a los servicios de alquiler y alojamientos de corta duración, con el objetivo de que entre en vigor a principios de 2025.

A partir de entonces, los propietarios o anfitriones de una vivienda de corta estancia tendrán que realizar un registro de su actividad en el Registro de la Propiedad, en el que deben aportar la información requerida para su alta o renovación. Una vez que se compruebe que cumple con los requisitos, se le otorgará un número de identificación que comunicará a la Ventanilla Única Digital, con el que podrá operar en las distintas plataformas disponibles. 

Esa ventanilla actuará como una plataforma en la que se interconectarán los datos de los ayuntamientos, comunidades autónomas, comunidades de propietarios, propietarios y los del registro de la Propiedad con el objetivo de tener toda la información de una misma vivienda en un espacio común y accesible. Y, así, que pueda ser consultado dentro de todos los países de la Unión Europea.

Toda esta batería de medidas enfocadas a aumentar la oferta de viviendas asequibles serán un revulsivo para “la rehabilitación energética del parque edificado, su descarbonización y la mejora de su calidad y también “conllevará un importante efecto arrastre hacia otras ramas de actividad, vinculadas con la movilidad y el transporte de bienes y servicios”, concluye el Gobierno.

Fuente idealista.