Al alquilar una propiedad resulta crucial que ambas partes conozcan sus derechos y obligaciones para evitar malentendidos o conflictos. En este artículo, nos centraremos en los derechos del arrendador, quien, además de proporcionar una vivienda en condiciones adecuadas, tiene una serie de garantías legales que le permiten proteger su inversión y asegurarse de que el arrendamiento se cumpla de acuerdo a lo pactado.
La Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU) es la normativa que regula estas reglas, buscando un equilibrio entre ambas partes.
El arrendador tiene el derecho a recibir la renta pactada en el contrato de alquiler. Las mensualidades deben ser abonadas por el inquilino en la forma y plazos acordados.
Según el artículo 17 de la LAU, salvo pacto en contrario, el pago de la renta será mensual y habrá de efectuarse en los siete primeros días del mes.
En caso de impago, el propietario puede emprender acciones legales para reclamar las cantidades adeudadas y promover el desahucio del inquilino.
El inquilino está obligado a usar la vivienda de forma adecuada, respetando las normas de convivencia y realizando un uso responsable de sus elementos. Si el arrendatario incumple estas obligaciones, el arrendador tiene derecho a exigir su cumplimiento o rescindir el contrato.
Recordemos que el artículo 27 de la Ley de Arrendamientos Urbanos establece que el arrendador de una vivienda tiene derecho a rescindir el contrato por:
Las obligaciones del inquilino al alquilar una vivienda.
El propietario tiene derecho a actualizar la renta conforme a lo pactado en el contrato y según los indicadores permitidos, como el Índice de Precios al Consumo (IPC).
Para poder hacerlo, es importante que esta posibilidad se haya reflejado en el contrato de alquiler, o que se agregue a posteriori mediante un anexo aprobado y firmado por las partes.
Una vez concluida la vigencia del contrato de alquiler, el arrendador tiene derecho a recuperar su propiedad. No obstante, debe respetar los plazos de preaviso y las condiciones establecidas en la LAU y en el propio contrato.
Es importante que se haga un contrato de terminación de alquiler para que el arrendador vuelva a tomar posesión, legalmente, de la propiedad. En este texto es primordial que se especifique, entre otras cuestiones, la devolución de todos los juegos de llaves.
En algunos casos, como necesidad personal o familiar de la casa, el propietario puede recuperar el inmueble antes de tiempo, siempre que se cumplan los requisitos establecidos en el artículo 9.3 de la Ley de Arrendamientos Urbanos.
Aunque el arrendador no puede entrar libremente en la vivienda alquilada, ya que esta será la morada del inquilino en cuanto comience el alquiler, tiene derecho a acceder al inmueble en algunas situaciones, como ante la necesidad de realizar reparaciones urgentes. Sin embargo, este derecho no tiene por qué cumplirse, puesto que el derecho del arrendatario está por encima.
Asimismo, el casero no podrá entrar salvo que el inquilino le conceda consentimiento expreso para ello. Normalmente, el arrendador pedirá entrar al piso en caso de que haya que hacer obras, reformas o reparaciones sustanciales en la casa arrendada.
El arrendador tiene derecho a una elevación del 10% de la renta en caso de que haya un subarriendo parcial de la casa, y del 20% si se da la cesión del contrato o el subarriendo total de la finca arrendada.
Subarriendo de vivienda: qué es, legalidad, requisitos y duración
El arrendador tiene derecho (y el inquilino la obligación de pagarla) a exigir una fianza equivalente a un mes de renta al firmar el contrato de alquiler, siendo de dos mensualidades en los contratos de alquiler de uso distinto a vivienda (local comercial, oficina, etc.).
Esta sirve como garantía en caso de que el arrendatario no cumpla con sus obligaciones, como el pago de la renta. Al finalizar el contrato, el casero está obligado a devolver la fianza al arrendatario, salvo que existan daños en la propiedad o pagos pendientes.
El propietario puede exigir un aval como garantía adicional cuando considera que el inquilino podría carecer de la solvencia económica suficiente para hacer frente al pago de la renta.
El aval es un compromiso con un tercero que se hace responsable del pago si el inquilino incumple. El derecho es exigirlo, pero el inquilino puede no aceptarlo y no firmar el contrato.
Además de la fianza y el aval, el arrendador tiene derecho a solicitar la garantía adicional del alquiler para asegurarse fondos en caso de que surjan problemas durante el arrendamiento.
Según establece el artículo 36 de la LAU, el importe de la garantía adicional no podrá exceder de dos mensualidades de alquiler. Es decir, con la fianza, sumarían tres meses de alquiler.
El arrendador tiene el derecho a exigir que el inquilino se encargue de las pequeñas reparaciones del piso que aparecen debido al uso ordinario de los elementos del mismo.